Racismo, impunidad y muerte a 20 días del homicidio de George Floyd.

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Paulina Aliaga; Profesora de Historia y Cs. Sociales, Docente Universidad de Magallanes

Darnella Frazier, vivía tranquilamente junto a su madre en el barrio sur de Minnesota. El día viernes 25 de mayo, mientras caminaba por las calles de la ciudad, quedó impactada al ver un policía asfixiar con su rodilla a un hombre afroamericano. Darnella no dudó en tomar su celular y grabar los hechos, probablemente porque en su piel también ha vivido el racismo y sabe de la invisibilización y criminalización permanente en EE.UU.

Ese hombre era George Floyd, ese policía era Derek Chauvin y, ella, la mujer resiliente (de la que nadie habla) que no dudó en registrar los 8 minutos de asfixia que vivióGeorge hasta provocar su muerte.

Darnella tiene 17 años, y aunque quiso, no pudo estar presente en la semana de manifestaciones en Minessota. En esos días, tuvo que mudarse junto a su madre rápidamente, producto de la avanzada de amenazas y acoso de grupos racistas, luego de la publicación de su video y la masificación de las protestas por el homicidio de Floyd.

Por otro lado, en un mundo blanco paralelo, Dereck Chauvin, el policía homicida, fue liberado bajo fianza mientras espera el juicio y su jubilación anticipada que asegurará alrededor de un millón de dólares para su retiro.

La discriminación racial institucionalizada en Estados Unidos, descansa en su nefasto sistema de justicia, el mayor emblema de esta antigua práctica segregacionista. Mientras las comunidades afroamericanas son marginalizadas, sumidas en una pobreza racializada, criminalizados y encarcelados masivamente. Un policía que viola, agrede, mata o encarcela arbitrariamente, difícilmente enfrenta un juicio, y cuando lo hace y es condenado, quien paga por la falta del policía, es el Estado. Es decir, cuando un demandante obtiene sentencia contra un oficial o institución policial, el municipio o el Estado indemniza al policía y paga a la víctima la indemnización por daños y perjuicios con dineros públicos, proveniente de los impuestos de los mismos ciudadanos vulnerados. Sólo como dato de esta escandalosa práctica del sistema de justicia, las 10 ciudades de Estados Unidos con mayor dotación, pagaron entre 2010 y 2015 $1.02 mil millones de dólares, sólo por golpizas, tiroteos y encarcelamientos injustos. (CIDH, 2018).

Hasta ahora, no existen en EE.UU. un registro oficial de estadísticas ni repositorio que contabilicen y relaten los hechos del ejercicio racista de la fuerza policial. La falta de registro sobre la violencia, dificulta la comprensión y el tratamiento eficaz del problema estructural de la agresividad policial contra la población racializada. Urge en Estaos Unidos generar un sistema de registro que permita trazar patrones, prácticas y conocer la real magnitud del problema de la acción policial contra determinados grupos. Que también deben sistematizar: las dinámicas de acceso a la justicia, inoperancia de las instituciones fiscalizadoras y consecuencias sobre las vidas de las víctimas de estas prácticas de responsabilidad Estatal.

La racialización del sistema de justicia norteamericano, cada vez avanza más fuerte en sus acciones de discriminación y segregación descarnada. Apoyados en la política conservadora y el discurso de odio del actual gobierno, se ha visto incrementada la criminalización no sólo de la comunidad afroamericana sino también de migrantes e hispanoamericanos. El conjunto de estos antecedentes, han sido presentado por distintas organizaciones de la sociedad civil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. LA CIDH, ha sido enfática en señalar que legislación de EE.UU. no se encuentra ajustada a los parámetros del derecho internacional, en materia de no discriminación e igualdad y ha instado al gobierno estadounidense a realizar acciones urgentes para ajustar su sistema de justicia.

La reorganización de los movimientos de protestas contra el racismo hoy, han demostrado claridad respecto a que la lucha por los derechos civiles, fue sobreinterpretada por la historia oficial, funcionando como un mecanismo de control sobre la movilización social. Cada día existe mayor consenso al respecto entre los ciudadanos que apoyan la reorganización de la lucha, sin embargo, la observación del pasado ha permitido comprender que lo más importante y complejo a la vez, es recordar que no abordar los abusos del pasado, ha sido un error permanente, que inmovilizó el tejido social de los años 60`. La apuesta de hoy, es impulsar una reforma estructural que termine con la violencia general hacia los afroamericanos. El primer paso para para cambiar las prácticas sociales, es la honestidad y voluntad colectica de asumir las bases racistas de la cultura norteamericana. Por último, asumir las responsabilidades de las acciones y prácticas individuales y colectivas que garanticen la no repetición de las atrocidades del pasado que permanece en el presente.  Asumir que la crueldad e inhumanidad, no sólo es responsabilidad del Estado, sino también, son acciones de responsabilidad personales y sociales, que involucra el compromiso por la humanización, reeducación y transformación de toda la sociedad, para no seguir repitiendo la historia de racismo, impunidad y muerte.

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