Sobre autogestión y anti-política.

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No es necesario ser un experto para advertir que en nuestro país existe un amplio rechazo hacia quienes se dedican de manera más o menos sistemática a la actividad política y el rechazo ciudadano no diferencia mucho entre políticos “profesionales” (aquellos cuyos ingresos derivan mayormente del ejercicio de un cargo relacionado con la política) y simples militantes de base que participan en política por convicción y el adherir a ciertos principios.

Este rechazo a la actividad política tiene su origen, a mi juicio en dos fuentes: La primera es el desencanto de ver que durante décadas los políticos profesionales hicieron múltiples ofertas que luego no se esforzaron en concretar. En este sentido los que más daño hicieron fueron los gobiernos supuestamente progresistas de la Concertación, porque en su accionar terminaron pareciéndose demasiado a la derecha y la división política entre una derecha pinochetista, pro-empresarial y una centro-izquierda con sensibilidad social, terminó desdibujándose y muchos ciudadanos vieron que daba más o menos lo mismo, que gobernara la Concertación o la Derecha, porque ambas privatizaban los servicios básicos encareciéndolos fuertemente, ambas respondían con desdén las demandas de los trabajadores, ambas recitaban el mantra del crecimiento económico sin reparar en que ese crecimiento beneficiaba escandalosamente solo a una minoría  (y las alternativas a esos conglomerados no lograban superar la barrera del 10% y de hecho, aunque ahora mucha gente alaba y aplaude de forma póstuma a Gladis Marín, lo cierto es que cuando fue candidata a la presidencia obtuvo un magro 3,19%).

Otra fuente de rechazo a la actividad política tradicional o partidista, se encuentra en la adhesión a postulados que plantean que los partidos políticos son entidades que se mueven por intereses distintos y contrapuestos a los de los ciudadanos comunes y corrientes, por lo que la superación de los problemas ciudadanos pasa solamente por la autogestión y el trabajo desde las organizaciones y comunidades de base, por lo que los partidos políticos se tornan innecesarios e incluso peligrosos, porque pueden desvirtuar el trabajo comunitario e instrumentalizarlo para sus fines electorales. Lo curioso es que esta idea puede ser sostenida, tanto por un anarquista como por un gremialista de la UDI

Aún cuando comparto la idea general de esta mirada, es decir, las personas deben hacerse cargo de sus problemas trabajando de forma colectiva, creo que la conclusión es errada en el sentido de que la actividad política tradicional posee una función crucial sobre todo para quienes están interesados en contribuir a generar cambios que permitan superar un modelo de sociedad basado en el abuso y el privilegio inmoral de unos pocos.

Para explicarme mejor voy a recurrir a una situación imaginada: supongamos que en una ciudad, un grupo de personas se auto-convoca y hace una priorización de las principales problemáticas del pueblo. Supongamos que se considera que la principal amenaza es la existencia de monocultivos de paltos y la extracción descontrolada de agua para su riego. Supongamos que para solucionar dicho problema solo a través de la autogestión se decide enviar a una delegación a clausurar algunos de los pozos de los principales empresarios palteros y además se les comunica que no podrán plantar más paltos. Si los empresarios aceptan gustosos que se les clausuren algunos pozos y que se les prohíba expandirse, entonces, todos salimos a celebrar y apoyamos felices estas formas de autogestión. Pero ¿qué pasa si los empresarios se niegan a aceptar las medidas decididas por el pueblo auto-convocado? Ante ello se podría convocar un “festival por el agua y la vida”, tomarse la carretera y hacer grandes marchas. Pero ¿y si a pesar de ello, los empresarios se siguen negando a aceptar lo decidido por los ciudadanos? Tal vez se podría intentar tomarse los fundos, impedir el paso de los trabajadores, poner una bomba en los pozos, incendiar los paltos u otras medidas de esa índole. Pero es probable que esas formas de lucha, desaten medidas represivas y la ciudadanía deba vérselas con la policía, los jueces e incluso el ejército y sabemos quien va a ganar en ese enfrentamiento.

Ante dicho escenario existe una alternativa, tal vez mucho más difícil, pero menos peligrosa y tal vez más efectiva si se la combina con la movilización social: organizarse para intentar cambiar las leyes, para que sean éstas las que prohíban, por ejemplo, que el Estado subsidie los monocultivos con fines de lucro o que se debe dejar una reserva importante con flora y fauna nativa con acceso libre para las comunidades, o que se prohíba plantar sin estudios hídricos independientes que garanticen el acceso de todos al agua. El problema es que las leyes se cambian en el parlamento y ahí cobran una relevancia fundamental los partidos políticos, ya que las leyes podrán favorecer a las grandes mayorías, solo si los parlamentarios legislan a favor de esas mayorías.

La organización y la lucha son necesarias e imprescindibles, para impulsar cambios (sobre todo si los parlamentarios no quieren “escuchar al pueblo”), pero sino queremos utilizar la fuerza, la única solución es cambiar la ley, porque las comunidades no son islas y lo que nos ocurre depende de la legislación general del país

Por todo lo anterior, creo que si de verdad hay interés en contribuir a la introducción de cambios en nuestro país, si es verdad que Chile despertó, entonces cada ciudadano debería ver que partidos han hecho de las demandas ciudadanas su razón de ser, no ahora sino desde siempre, que parlamentarios votan a favor de esas demandas, que proyectos de ley proponen, etc. Una vez hecha esa revisión podrán evaluar que partido los representa mejor. La otra opción es el reclamo incesante o la autogestión impotente.

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