La protesta popular con hambre cesantía y rabia

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De a poco asoma la protesta popular en diferentes villas y poblaciones en nuestro país, cuando los diferentes programas prometidos por el Presidente Sebastián Piñera no llegan a la gente a pesar de todas las coberturas periodísticas que los medios de las grandes cadenas que se dicen oficiales informan.

Es importante destacar que mientras nos enfrentamos a la crisis social, también tenemos al frente la sanitaria, la que ha tenido de manera permanente desaciertos en las medidas para su control a pesar de haberse cambiado la conducción ministerial en la cartera de salud, porque los recuentos no son creíbles y si le ponemos rostros a los fallecidos de acuerdo a los antecedentes aportados por el DEIS, estos llenan en su cantidad las galerías del Estadio Municipal de San Felipe.

Bonos Covid, de protección del empleo, cajas con mercaderías, ingreso familiar de emergencia, planes Fogate, plan de protección para la clase media entre otros son los diferentes programas que han quedado cuestionados desde que fueran presentados desde La Moneda, situación que molesta a los chilenos de los diferentes centros poblacionales de nuestro país.

El gobierno presenta de forma atrasada todos sus planes y programas destinados a enfrentar la pandemia del Covid 19; desde la presidencia hasta llegar a las distintas instancias de las reparticiones del Estado, los que además vienen plagados de burocracias y en su parte económica hostilizada a través de los créditos que están con la trampa de ocultar los intereses mediante el cobro en su cuenta regresiva hasta llegar a las unidades de fomento.

El gobierno del Presidente Piñera evita conversar de los estudios existentes sobre los hogares endeudados en nuestro país que supera el 75%, no habla en que los mayores de 18 años de edad está endeudado por sobre el 82% de su segmento etáreo, no explica que casi cinco millones de personas están con deudas morosas mediante créditos y préstamos, ni tampoco cuenta las sobre las seiscientas treinta y cinco mil personas están endeudadas con la banca por estudiar en la educación superior.

La letra chica de  este plan de clase media y endeudamiento  consiste en un crédito blando en unidades de fomento pero es bueno recordar que la mayoría de los salarios no se reajustan por IPC, donde además los hogares chilenos destinan el 75,4% de sus ingresos disponibles para para pagar deudas, y esto equivale al 50,3% del Producto Interno Bruto; junto con ello le instalan la postergación de créditos hipotecarios con garantía estatal con el requisito con mora NO superior a los 29 días y desde luego que esto afecta a los hogares que más lo necesitan; le sigue la ampliación subsidio de arriendo de la clase media, lo que consiste en aportes de hasta 150 mil pesos para arriendos con un máximo de 400 mil pesos; ampliación de crédito para educación superior, cuyo requisito es NO contar con otros beneficios estudiantiles, tales como gratuidad u otros créditos, hoy se proyecta que la morosidad por el CAE está por sobre el 50%.

Esa es la realidad de Chile, es la misma a la de antes del Estallido Social  cuando al pueblo le dijeron por muchos años que pertenecían a la clase media, y que ahora les siguen soterrando el discurso de los acuerdos políticos entre el oficialismo y algunos sectores que se catalogan de oposición  como “gestos de grandeza”, acuerdos que se hacen entre cuatro paredes, mientras potencian a los grupos económicos en desmedro de la vulnerabilidad de nuestros habitantes frente a este momento de afrenta de la crisis sanitaria y social.

Hoy día presentan un plan con préstamos estatales mediante créditos blandos a la clase media, donde buscaron esa fórmula de cerrar la discusión para el retiro del 10% de los fondos previsionales que por el momento la Cámara de Diputados aprueba idea de legislar proyecto que permite su retiro, los cuales sin preguntar (porque se adueñaron) utilizan esos recursos que son de todos los trabajadores a pesar de todos los movimientos sociales que han salido a la calle a manifestar su descontento con este modelo previsional perverso, construido a sangre y fuego  desde el escritorio del ministro de Pinochet, José Piñera, hermano del actual  Presidente.

En este sentido parte del oficialismo pretende moverse desde la derecha hacia el centro con la finalidad de volcar todos sus esfuerzos en  recuperar credibilidad en sectores de oposición que han participado de los acuerdos mediante esos créditos blandos, postergación de créditos hipotecarios, ampliación de subsidios de arriendos para clase media y reapertura de postulación al Crédito con Aval del Estado (CAE), una historia que hará que gran parte de nuestra sociedad quede completamente endeudada con la iniciativa.

Entonces cuando queremos pronunciarnos sobre los problemas que enfrentan los sanfelipeños, tenemos que mirar la realidad nacional para situarnos en verdad qué terreno estamos pisando para no escribir inexatitudes, sobre los temas que nos afectan, con tanta cesantía, con familias que viven a diario el hambre, deudas de sus consumos básicos, falta de atención en salud para los adultos mayores y vecinos en general, pobladores abandonados en campamentos antes la falta de políticas habitacionales, y  la provocación y  desprecio de los portavoces del oficialismo y las fuerzas represoras aunque después vengan con frases de buena crianza y arrepentimiento como también los discursos rimbombantes que vienen desde la intendencia regional, con políticas públicas que no responden a las exigencias de nuestro pueblo.

En San Felipe nuestra comunidad, como la del resto del país, está perdiendo la paciencia, porque a pesar del Covid 19 debemos recordar que quedó la tarea pendiente cuando el pueblo estuvo en las calles con el Estallido Social de Octubre, pidiendo el fin de las AFPs, fin a las injusticias sociales y económicas que sufre nuestro pueblo desde la dictadura cívico militar a través de la Constitución Política que nos impera.

Post pusieron la fecha del plebiscito para cambiar la actual Constitución y que tanto protege el oficialismo y algunos sectores políticos que se dicen de oposición y que en 30 años de democracia no han sido capaces de poner fin, cuando tenemos trabajadores de diferentes segmentos laborales tanto del sector público como privado y entre ellos un alto número a contrata, honorarios e informales gracias a este modelo económico neoliberal que nos afecta, mediante la precariedad laboral, a pesar de que a cada rato nos dijeron que éramos clase media.

Pero eso no es todo, cuando el gobierno ha ingresado vetos a ley que suspende corte de servicios básicos y de protección de la niñez, donde el primero había sido aprobado por iniciativa parlamentaria y sin respaldo del ejecutivo, o sea tenemos un gobierno que por un lado ofrece y por el otro quita sin que el ofrecimiento se haya concretizado lo que es peor aún, o sea otra bofetada para nuestro pueblo.

Tenemos que decir que el mundo social de diferentes ámbitos se ha venido organizando en ollas comunes y de manera solidaria apoyan con ropas para llevarlas a campamentos para capear el frío de los vecinos que no tienen casa o que las han perdido por no contar con los recursos para seguir pagando los arriendos por efectos de sus cesantías; pero también tenemos que denunciar a esas cadenas comerciales que mediante empresas de cobranzas judicializan a vecinos cesantes que no tienen cómo pagar sus deudas.

Para cerrar esta opinión es bueno recordar a 49 Años de la Nacionalización del Cobre, la mejor ley en la historia de Chile, promulgada el 11 de julio de 1971 por el Presidente Mártir, Salvador Allende Gossens, la que sería el sueldo estructural de los chilenos para acceder sin distinciones a una salud digna, a una educación digna, a viviendas dignas, a infraestructuras dignas y pertenecientes al Estado como hospitales, establecimientos educacionales, carreteras, tenemos que decir esa riqueza ha sido regalada a las 10 grandes empresas privadas de la minería extranjera  a través de rentas económicas donde se estima en sus ganancias sobre los 150 millones de dólares en los últimos 15 años, tomando en consideración que al año 1973 el 94% de la cuprífera estaba en manos del Estado y hoy el 77% está en manos transnacionales.

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