Ante la gravedad de los hechos ocurridos en la región de la Araucanía declaramos:

  1. Rechazamos tajantemente los violentos desalojos de municipios en la región de la Araucanía, especialmente lo ocurrido en Curacautín, donde un grupo de civiles llegó a desalojar armados con palos, fierros y otros elementos cortopunzantes, la ocupación por comunidades mapuche del municipio local. Las imágenes vistas en los medios de comunicación y redes sociales muestran una violencia desenfrenada hacia comuneros mapuche, inaceptables desde todo punto de vista.
  1. La violencia de la que todo el país fue testigo estuvo amparada por la inacción cómplice de Carabineros, que permitió que estos civiles realizaran actos de brutal violencia física hacia los/as integrantes de las Comunidades Indígenas, daño a la propiedad pública y privada sin que intervinieran para evitar lo ocurrido.
  2. Parece curioso que en una región donde existe enorme contingente policial para “detener y combatir la violencia”, ante actos de clara alteración del orden público carabineros no llegaran ni actuaran a tiempo para evitar los ataques hacia las Comunidades.
  3. Es altamente preocupante que todos estos actos de extrema violencia de civiles armados contra comuneros mapuche, se den luego de la visita del nuevo Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien además fue un leal funcionario de la dictadura militar y cómplice de los horrores de Colonia Dignidad. El ministro Pérez a menos de una semana de haber asumido sus funciones redireccionó el discurso belicista y racista para crear enemigos internos y propiciar actos como el ocurrido. El mismo ministro, displicentemente y en un acto de provocación directo, desconoció la existencia de Presos Políticos Mapuches, que llevan 91 días en Huelga de Hambre, exponiéndolos a un desenlace fatal. Motivo de las movilizaciones y ocupaciones por parte de las Comunidades Mapuches en la Araucanía.
  4. El ministro del Interior y el General Director de Carabineros deberán responder por este procedimiento ilegal que ocupa a civiles armados avalados por la autoridad policial en pleno Estado de Excepción Constitucional e incluso violando el toque de queda.
  5. La complicidad de las fuerzas policiales con civiles armados, que manifiestan a viva voz consignas racistas y xenófobas, parece ser el inicio de un Ku Klux Klan criollo con la venia y articulación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.