Campamentos una ley de la selva ante la falta de políticas públicas en viviendas

Ricardo Covarrubias Vocero Movimiento Todos y Todas por Aconcagua

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En Chile se ha hecho un mal hábito de responsabilizar en las tomas de terrenos a familias de escasos recursos, quienes lo hacen  para emplazar campamentos  porque no han podido acceder a viviendas por falta de políticas públicas en el ámbito habitacional social.

Es fácil ganarse  una primera plana periodística y dar a conocer las penas del infierno para aplicarlas a quienes en su desesperación no tienen ninguna posibilidad de obtener su casa propia, a pesar de que algunos aparecen en las postulaciones para acceder al subsidio habitacional, lo que no implica certeramente que vayan a recibir las llaves del sueño dorado.

Se escuchó en una emisora local a la diputada derechista Camila Flores decir que en estas tomas de terrenos existe una organización que está detrás, por lo cual recurriría hasta el ministerio del interior para solicitar al jefe de esa cartera su intervención para detener este tipo de acciones.

En San Felipe la delegada de Serviu, Patricia Boffa, manifiesta que existe un campamento que baja por Tacna Sur Poniente con 358 viviendas ilegales, quienes están distribuidos entre vecinos de nacionalidades chilena y extranjeras, los cuales han construido sus casas de material ligero sin sus respectivos servicios básicos de luz eléctrica y agua potable en terrenos pertenecientes a privados, lo que fue corroborado por el gobernador provincial, Claudio Rodríguez, quien se hace a un lado hasta mientras no le asista un fallo judicial que está pendiente.

En este aspecto debemos mencionar que la delegada provincial manifestó que “quienes desean acceder a la vivienda se deben poner a la fila” al igual que quienes ya lo han hecho por años pero que sin embargo aún no cuentan en concreto con la casa propia; es más en el Condominio Diego de Almagro los vecinos postulantes  manifiestan que ellos pagaron en mayo sus títulos de dominios pero que aún no pueden abrir sus departamentos para ir a vivir en ellos, lo que implica una nueva falencia en esta materia ante estas deficientes construcciones habitacionales en la crisis de los con techo.

De esta forma nuestra comunidad percibe que de parte de las autoridades solamente  se van en discursos de encogidas de hombros y amenazas con aplicaciones de medidas represivas para quienes respiran la esperanza de obtener  su ansiada casa propia, mientras son parte del confinamiento en domicilios familiares como allegados.

Tenemos que ser sinceros cuando a la gente se le promete en un discurso que participando de comités y realizando platos únicos y rifas van a lograr la meta de una vivienda social, ello no pasa a ser más que  un espejismo que choca con la realidad de los campamentos o de familias hacinadas y allegadas en casas de 42 metros cuadrados ante la falta de políticas públicas en el campo habitacional.

En el caso de San Felipe, se menciona que no existen terrenos para la construcción de viviendas sociales y las que hay son para las inmobiliarias que pertenecen a consorcios que cuentan con los recursos para adquirirlas. O sea que una vez más los pobres tienen que seguir esperando a pesar de la existencia de la oficina municipal de la vivienda y otras entidades de gestión inmobiliaria social que llevan las largas listas de personas que quieren postular a casa propia, sumando a ello el padecimiento de un conjunto de problemas socios urbanos con la tríada vivienda – barrio –  ciudad.

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